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MEDICIÓN DE LA EQUIDAD HORIZONTAL: LOS DATOS Y SUPUESTOS EN LOS QUE SE EQUIVOCAN LOS RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS

Descifrando los límites de los datos y las políticas sobre tributación justa

Comprensión de la equidad horizontal en las políticas públicas

La equidad horizontal es un concepto fundamental en economía y finanzas públicas que sugiere que las personas con la misma capacidad contributiva deberían contribuir con la misma cantidad a las arcas públicas. Este principio sustenta muchos sistemas tributarios y de prestaciones sociales, con el objetivo de garantizar la equidad entre individuos en igualdad de condiciones. Generalmente se contrasta con la equidad vertical, que aborda el trato que debe recibir la persona con diferente capacidad contributiva.

En teoría, la equidad horizontal apela a nuestro sentido común de justicia. Dos personas que ganan 50.000 libras esterlinas al año deberían, bajo un sistema tributario horizontalmente equitativo, estar sujetas al mismo tipo impositivo y recibir transferencias públicas similares. Sin embargo, el desafío radica en poner en práctica este simple principio. La diversidad de fuentes de ingresos, las estructuras familiares, las diferencias regionales y las variaciones en las deducciones y exenciones fiscales dificultan las comparaciones precisas.

Además, los responsables políticos y los investigadores a menudo se basan en conjuntos de datos y supuestos que no captan plenamente la complejidad de las circunstancias individuales. Distintas definiciones de ingresos, por ejemplo, pueden dar lugar a interpretaciones muy diferentes sobre quiénes son comparables y cuán equitativamente reciben un trato equitativo.

El ingreso en sí mismo es un concepto fluido. ¿Se trata de ingresos brutos o netos? ¿Se incluyen las ganancias de capital, las prestaciones del empleador o las contribuciones a las pensiones? Estas opciones de definición tienen implicaciones significativas para las evaluaciones de equidad horizontal. Los datos inexactos o limitados pueden llevar a conclusiones engañosas, lo que afecta tanto a los resultados de las políticas como a la percepción pública de equidad.

Además, las características de los hogares afectan la capacidad percibida de pago. Una pareja casada sin hijos que gana 60.000 libras esterlinas podría tener necesidades de gasto diferentes a las de un progenitor soltero que gana lo mismo; sin embargo, los mecanismos de política vigentes suelen tratarlos de forma idéntica, lo que en la práctica genera desigualdades horizontales.Para abordar estos problemas, muchos gobiernos implementan escalas de equivalencia que se ajustan al tamaño y la estructura del hogar. Sin embargo, estas escalas se basan en supuestos que pueden ser culturalmente específicos o estar desactualizados, lo que significa que podrían no representar con precisión las diferencias reales en costes y bienestar. En consecuencia, dos hogares considerados "equivalentes" a efectos fiscales o de prestaciones pueden, de hecho, encontrarse en situaciones financieras muy diferentes.En resumen, si bien la equidad horizontal sigue siendo un pilar fundamental de una política fiscal justa en teoría, su implementación depende en gran medida de la calidad de los datos, la transparencia de los supuestos y la coherencia metodológica. Un fallo en cualquiera de estas áreas puede socavar el objetivo de garantizar la igualdad de trato para personas iguales.

Limitaciones de los datos para la medición de la equidad horizontalUno de los principales desafíos para evaluar la equidad horizontal reside en la calidad y la cobertura de los datos disponibles para la formulación de políticas. Los sistemas tributarios dependen en gran medida de los datos demográficos y sobre ingresos. Sin embargo, las lagunas en la recopilación y la falta de coherencia entre los conjuntos de datos a menudo distorsionan nuestra comprensión de si las obligaciones tributarias se distribuyen equitativamente entre individuos en situaciones similares.1. Definiciones de ingresos inconsistentes: ¿Deberían los sistemas tributarios tratar de la misma manera a dos personas que ganan 70.000 libras esterlinas si una lo hace a través de salarios y la otra a través de dividendos? La respuesta depende de cómo se defina el ingreso. Los responsables políticos suelen utilizar el ingreso bruto ajustado o la renta imponible como puntos de referencia, pero cada uno omite distintas fuentes de ingresos y deducciones. Esta inconsistencia genera una visión sesgada de la comparabilidad.2. Problemas de agregación de datos: Las agencias tributarias suelen recopilar datos a nivel individual o de hogar, pero no de ambos de manera consistente. La agregación de los ingresos por hogar puede enmascarar las disparidades dentro del hogar y oscurecer si sus miembros soportan la carga fiscal por igual. Por el contrario, analizar individualmente a los individuos ignora las declaraciones de impuestos conjuntas y los recursos compartidos.

3. Beneficios no monetarios e imputaciones: Ciertos conjuntos de datos intentan imputar valores para beneficios en especie, como la atención médica pública o la vivienda subsidiada. Sin embargo, estas estimaciones suelen variar entre modelos, lo que afecta la comparabilidad. Las omisiones o inexactitudes en estas cifras distorsionan la situación económica real de los hogares y, por lo tanto, su obligación tributaria registrada o la recepción de beneficios.

4. Subdeclaración y evasión: A menudo se pasa por alto el papel de la evasión fiscal y los flujos de ingresos informales. Las personas con ingresos altos son más propensas a transferir sus ingresos a formas o jurisdicciones con impuestos más bajos, lo que afecta las comparaciones horizontales. Mientras tanto, los hogares de bajos ingresos pueden participar en trabajos informales que no se declaran, lo que genera una percepción errónea sobre las obligaciones tributarias y la equidad.

5. Retrasos temporales en los datos: A menudo, existe un desfase temporal entre la recopilación de datos y la implementación de las políticas. Durante este período, las condiciones económicas cambian (los salarios suben, el desempleo fluctúa y la inflación erosiona los ingresos reales), lo que hace que las políticas se basen en información obsoleta.

6. Privacidad y límites administrativos: Para preservar la privacidad de los ciudadanos, los datos suelen anonimizarse o agregarse a un alto nivel, lo que impide una evaluación granular de contribuyentes similares. Estas limitaciones dificultan determinar si se cumple realmente el principio de equidad horizontal.

En última instancia, una mejor integración de los conjuntos de datos sobre impuestos, prestaciones y gastos, complementada con una sólida capacidad administrativa y supuestos actualizados, es clave para captar los matices de la situación de los contribuyentes. Sin esto, la equidad horizontal corre el riesgo de convertirse en un ideal retórico sin respaldo en evidencia práctica.

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El problema de los supuestos subyacentes a los modelos de equidadAdemás de las limitaciones de los datos, los supuestos erróneos o excesivamente simplistas incorporados a los modelos de impuestos y prestaciones contribuyen en gran medida a la inequidad horizontal. Los economistas y los responsables políticos suelen utilizar indicadores indirectos y tipos de hogares simplificados para predecir los efectos en la equidad, pero estos no siempre reflejan la realidad.1. Supuestos de comportamiento uniforme: Muchos modelos asumen que los contribuyentes se comportan de forma idéntica cuando se exponen a los mismos incentivos; por ejemplo, responden a un aumento de impuestos reduciendo la jornada laboral. En la vida real, las personas difieren en tolerancia al riesgo, flexibilidad laboral y planificación financiera. Suponer homogeneidad conduce a proyecciones que sobreestiman o subestiman el efecto de la política en personas en situaciones similares.2. Deficiencias de la Escala de Equivalencia: La mayoría de los países de la OCDE utilizan escalas de equivalencia para ajustar los niveles de ingresos en función del tamaño y la composición del hogar, asumiendo que los adultos y los niños imponen demandas escalables a los presupuestos familiares. Sin embargo, estas escalas se basan en patrones de consumo obsoletos y no consideran las necesidades específicas de cada hogar, como las discapacidades o los costos regionales.

3. Ignorar la riqueza y los activos: Los modelos de políticas se centran principalmente en los ingresos, no en la riqueza. Dos personas que ganan 80.000 libras esterlinas podrían tener realidades financieras muy diferentes si una es propietaria de una vivienda mientras que la otra vive de alquiler. Sin considerar la riqueza, las evaluaciones de la capacidad de pago, y por lo tanto, del patrimonio horizontal, quedan incompletas.

4. Herramientas de modelado estático: Muchos gobiernos utilizan modelos estáticos de microsimulación que no tienen en cuenta los cambios en los ingresos a lo largo del ciclo de vida ni los efectos a largo plazo de las políticas. Estos modelos pueden pasar por alto la imagen completa de las desigualdades horizontales que surgen con el tiempo debido a la acumulación de ventajas o barreras.

5. Tasas de aceptación supuestas: Los modelos a menudo asumen una aceptación uniforme de las prestaciones entre los hogares elegibles. En la práctica, la aceptación de las prestaciones varía ampliamente debido a los diferentes niveles de educación financiera, barreras administrativas o normas culturales. Suponer una aceptación completa distorsiona las evaluaciones de equidad horizontal, ya que dos hogares idénticos pueden no recibir el mismo apoyo.

6. Puntos ciegos culturales y sociales: Muchos supuestos de políticas se basan en perspectivas normativas sobre la formación de hogares y la participación laboral. Por ejemplo, los modelos pueden subestimar las contribuciones económicas del trabajo de cuidado no remunerado o de los hogares multigeneracionales, presentándolos incorrectamente como no contribuyentes o usuarios excesivos de las prestaciones.

7. Errores de uniformidad geográfica: Otro supuesto común es la uniformidad geográfica en el costo de vida. Las políticas calculadas sobre promedios nacionales pueden imponer una carga injusta a quienes viven en zonas de alto costo sin suficientes ajustes regionales, creando disparidades involuntarias entre contribuyentes que, por lo demás, serían equivalentes.Para abordar estas deficiencias, es necesario replantear los fundamentos de las evaluaciones de equidad. Enfoques de modelización más dinámicos y multidimensionales, junto con las aportaciones de las partes interesadas y la investigación cualitativa, podrían generar resultados de políticas más coherentes. Solo entonces la equidad horizontal podrá dejar de ser una aspiración teórica y convertirse en una realidad empírica.

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